¡Es el sistema electoral, estúpidos!

Nadie se engañe, ni nadie pretenda seguir engañándonos. La actual situación de inestabilidad política que tenemos en España es la consecuencia de una ley electoral nefasta que entregó de partida el poder de la nación española a las burguesías catalana y vasca.

Las generaciones futuras, cuando indaguen en los motivos de este continuo fracaso, encontrarán montañas de papel prensa en las hemerotecas con eruditas discusiones esencialistas, cordilleras de almibarado romanticismo, donde sólo hallarán anecdóticas referencias a la necesidad perentoria de reformar una ley electoral que, de manera inequívoca, ha llevado – está llevando– al país, a la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas, por esta deriva indeseable que nos ha tocado vivir, y, sobre todo, se encontrarán con una deuda en torno al 113% del producto interior bruto (PIB), de la que han tardado muchísimos años en pagarla, siempre que les haya dado tiempo a finiquitarla del todo...

Entregado el poder, por mor de la ley electoral, a los representantes de las burguesías aludidas, llámense PNV, Juntos per-Cat o ERC, acicateados éstos a obtener más poder para incrementar su botín, las fuerzas centrífugas no han tenido diques en su lógica imperiosa, hasta llegar a la ecuación resultante: monarquía + clase política expansiva + nacionalismos + Ley D’Hondt con circunscripción provincial = inestabilidad política permanente en nuestro país.

Es decir, el gran error de esa "modélica transición", el que junto a la hipertrofia partitocrática llevara a esta permanente situación de inestabilidad, fue el establecimiento de una ley electoral que dificulta la obtención de mayorías absolutas entregando el poder a unas minorías, todas ellas de carácter nacionalista, algunas de ellas con orígenes en las doctrinas nazis y mussolinianas, tal y como se puede perfectamente demostrar en cada momento.

Mención aparte merece entrar en el capítulo de autonomías históricas, cuando el País Vasco sólo había sido entidad política durante la Guerra Civil e históricamente el Señorío de Vizcaya era cuna de Castilla, al igual que Barcelona era un condado de la Corona de Aragón. ¿Qué parte de histórica nos corresponde, por ejemplo, en Asturias, para que estos indocumentados consentidos se permitan cambiar y manipular la verdadera historia de España?

En fin, si en los comienzos de esta restauración monárquica, mal llamada "modélica transición", Sánchez Albornoz propugnaba un "federalismo barato", la España de las autonomías es federalismo caro, hasta el punto de que, para los partidos, la reclamación de más autogobierno siempre ha tenido una lógica imbatible que implica una multiplicación de los puestos a repartir, no en vano el poder atesorado por las baronías regionales o nacionales es muy elevado y, en buena medida, gratificante, sobre todo a medida que la política en España, por mor de las listas cerradas, se ha profesionalizado, hasta el punto de que las pugnas internas de los partidos han dejado de ser ideológicas para dirimirse entre clanes y "famiglias".

Pero, sin salirnos del objetivo que titula el presente artículo, la Ley D’Hondt – con la provincia como circunscripción – catalizada en sus aspectos más negativos por el modelo de partidos jerarquizados y profesionalizados, es uno de los peores, sino el peor de los posibles.

Esa es la causa fundamental de la inestabilidad política en España. Ninguna otra. Y, sin embargo, el sistema ha dado lo que de él se pedía. Se trataba de permitir el acceso a la representación de los partidos minoritarios, y especialmente de las nacionalidades definidas como "históricas". De esa forma, disuadía de cualquier veleidad de situarse extramuros de la democracia, no en vano se buscaba el fortalecimiento y la consolidación de unos partidos políticos enclenques y sin estructuras sólidas –salvo el Partido Comunista de España– donde algunos, como el PSOE, regresaban de unas largas vacaciones de más de 40 años. Tal era la obsesión por estos dos criterios que el sistema electoral se constitucionalizó: "La elección se verificará, dice el artículo 68.4, en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional".

Si bien el sistema D’Hondt prima el bipartidismo PPSOE, castigando a los siguientes –ya que la malhadada ley electoral prima al primero, respeta al segundo y castiga al tercero y posteriores–, la apariencia de modelo proporcional corregido resulta ser una trampa saducea, de tal manera que, si eres el tercer partido, tal como ha ocurrido históricamente con el Partido Comunista e IU, la Ley D’ Hondt, con su esquema proporcional corregido, te somete a una lenta agonía.

A modo de ejemplo, por haberlo vivido en primera persona: ¿cómo es posible que Izquierda Unida, con 1.284.081 votos en el año 2004, lo que representaba el 4,96 %, haya obtenido 5 escaños y, sin embargo con la mitad de los votos (652.196) y un exiguo 2,52 del total nacional, Esquerra Republicana de Cataluña haya conseguido 8 escaños, hasta el punto de que, a la hora de proceder a la investidura de un presidente o promulgación de iniciativas en el Parlamento, los 652.196 votos de ERC valgan más que los 9.763.144 del PP y los 8 escaños de aquel partido más que los 148 de éste? ¿Dónde está la proporcionalidad?

En realidad, se trata del chantaje de las minorías. Es decir, en tanto y cuanto el voto de un ciudadano español de Asturias o Almería no tenga el mismo valor que el de un ciudadano español en el País Vasco o Cataluña seguiremos todos sometidos a ese chantaje permanente con la consiguiente inestabilidad política, a veces teniendo que votar hasta cuatro veces en cuatro años, como ya ocurriera. Por cierto, ¿les recuerda algo esto a la situación actual que estamos viviendo este año 2023, con Puigdemont dirigiendo el cotarro desde Waterloo con una cuerda amarrada al pescuezo de Pedro Sánchez marcándole el paso?

Turnismo

En efecto, aunque la Constitución española habla de "representación proporcional", la ley de D’Hondt es de lo más desproporcionado. Esta ley electoral más que un sistema proporcional resulta en la práctica ser un sistema mayoritario que favorece exclusivamente la gobernabilidad de los partidos más poderosos, el bipartidismo turnista PPSOE, aunque en el caso que nos ocupa, con los resultados del 23-J, ni siquiera garantiza la estabilidad ni la gobernabilidad.

A modo de ejemplo, y solo a modo de ejemplo, dejando dicho de antemano que no existe el sistema perfecto, para mejorar nuestro sistema electoral habría que ir hacia un modelo más similar al francés, de doble ronda, que me parece el menos distorsionado, dejando muy claro que las reformas que más se necesitan son las relativas a la distribución territorial, a la democracia interna de los partidos y a la información que maneja el electorado, y eso no se consigue solo cambiando el sistema electoral.

Suscríbete para seguir leyendo