Una nueva denuncia busca reabrir el caso de contaminación de Vauste señalando a Tenneco

Después de que el pasado mes de mayo el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón archivara la denuncia interpuesta por la Fiscalía por la contaminación de las aguas subterráneas con productos químicos utilizados en la fábrica de amortiguadores del alto de Pumarín durante años, por considerar que no había datos suficientes para identificar a los autores del supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, dos antiguos trabajadores de la empresa han presentado una denuncia para intentar reactivar el caso, acompañada de documentos de la compañía desde la época en la fábrica pertenecía a la multinacional estadounidense Tenneco Automotive. La denuncia se dirige contra esta empresa y las dos que la sucedieron en la propiedad de la factoría, así como contra otras personas jurídicas.

La denuncia, uno de cuyos firmantes es el secretario general de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), Ignacio Fuster, incluye actas del comité de seguridad e higiene y circulares de la empresa, así como requerimientos de la administración de la década de los noventa del siglo pasado sobre el uso de disolventes clorados que luego, en un estudio ambiental encargado por Tenneco en 2014 no se reflejaron.

Aquel estudio se encargó, señalan los denunciantes, para obtener la Autorización Ambiental Integrada, sin la que llevaba décadas funcinando la fábrica, de cara a su venta posterior en 2016. Si se reflejan en el informe, según la denuncia, valores "por encima de lo normal" de metales y compuestos orgánicos en las aguas subterráneas. Además de contra Tenneco, la denuncia también se dirige contra Quantum Capital Partners, que adquirió la empresa en mayo de 2016. La empresa obtuvo meses después, en agosto, la Autorización Ambiental Integrada por parte del Principado que le imponía requisitos para la protección del suelo y del agua subterránea.

En febrero de 2018 es donde por primera vez se analizan las concentraciones de productos clorados, arrojando altos niveles en las aguas subterráneas, además de otros contaminantes, apunta la denuncia, que también se dirige contra la propia Vauste (ahora denominada Graham Corporate), contra la sociedad que se encarga de administrar el concurso de acreedores de la misma, Aurum Cóncursal, así como contra el Ayuntamiento de Gijón y las consejerías de Medio Ambiente y de Industria del Principado de Asturias. No se apunta a ninguna persona física en concreto.

En cuanto a los sucesivos propietarios, la denuncia sostiene que no adoptaron medidas ante la contaminación del agua subterránea, a la administración concursal le reprocha no haber comunicado a la administración la existencia de productos tóxicos en la planta tras su cierre, a las dos consejerías del Principado el haber permitido que la fábrica funcionara sin autorización ambiental hasta 2014 y al Ayuntamiento no haber tomado medidas dentro de sus posibilidades.

Esta denuncia llega después de la que interpuso la Fiscalía, a la que recurrió la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) a petición de la asociación vecinal de Santa Bárbara, después de que un informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, alertara de los elevados niveles de contaminación de las aguas subterráneas de Vauste y su afección al acuífero "Villaviciosa", que va bajo Gijón y otros concejos y del que la EMA toma una parte menor del agua que distribuye a los vecinos. y que además nutre de agua a varias fuentes, incluida la de la Mortera, en el poblado de Santa Bárbara.

El informe de la Confederación señalaba que era necesario actuar ante los elevados niveles de contaminación detectados. En octubre comenzaron los trabajos de descontaminación, ejecutados por el Principado a costa de la empresa en quiebra, coste que asumirá quien compre los terrenos. La denuncia de la Fiscalía señalaba que no podía determinarse el momento en el que se produjeron las filtraciones contaminantes al subsuelo.

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