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Paco G. Redondo

Despotismo y corrupción

Estamos ante un ejecutivo que trata de controlar todas las instituciones y medios de comunicación del estado: televisiones, censura de redes sociales, agencia EFE, CIS como panfleto, ley educativa ideologizada y burocrática, con escasos contenidos y capacidad crítica. Sánchez designa para el TC a su ministro de Justicia de los indultos y a su exdirectora de Presidencia, así las cosas Juan Carlos Campo tendría que inhibirse en los casos más significativos o será juez y parte: el TC tiene que resolver seis recursos contra leyes de su gobierno y compartidas por él. El Constitucional debe pronunciarse sobre la Ley Celaá (LOMLOE), la de eutanasia, la reforma laboral, la Ley "riders", el ingreso mínimo vital y la Ley de protección a la infancia, todas supervisadas por él.

Campo fue el ministro que enmendó la plana al Tribunal Supremo al redactar los informes de los indultos a nueve líderes del "procés" separatista, condenados por sedición y malversación a raíz del referéndum de independencia unilateral, inconstitucional de manera clara y evidente, habiendo sido pactada la Constitución de la España autonómica de 1978 de manera consensuada, incluidos los nacionalistas catalanes, y aprobada en referéndum por abrumadora mayoría de los votantes, incluida Cataluña. Esa región donde no se puede en estudiar en español –lengua materna de la mayoría de los catalanes–, mientras el gobierno presuntamente nacional se hace el ciego, allí todo el monte es orégano para que los suyos sigan un año más en el poder.

Durante 2021, el TC propinó cuatro varapalos a decisiones adoptadas por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez y sus aliados izquierdistas, con Campo de ministro. El máximo intérprete de la Carta Magna declaró inconstitucionales los dos estados de alarma, el cerrojazo al Congreso durante el primero de ellos, y la inclusión del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión delegada que controla el CNI. ¿Y qué no sospechar de los próximos indultos a altos cargos socialistas condenados por casos de corrupción (falsos ERE en Andalucía)? De tal manera los que venían a sanear la vida pública y luchar "contra la casta" resultan ser más de lo mismo o peor, y pretenden convertirse en una nueva casta, al modo del PRI en México o el peronismo en Argentina. No es bueno que se crean los dueños de un cortijo, en vez de gobernantes.

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