Opinión | El espíritu de las leyes

Italia: esperar y temer

El próximo ascenso de Giorgia Meloni a la presidencia del Consejo de Ministros de la República italiana provoca inquietud en los partidarios de la democracia constitucional y del proceso de integración europea, en el que Italia juega un papel de capital importancia como país fundador de la Unión. Esta ya tiene serios problemas de convivencia con los llamados "regímenes iliberales" de Hungría y Polonia, que se han ido alejando de los estándares normales del Estado de Derecho, especialmente de su núcleo más sensible: la independencia judicial.

Dados los excesos verbales de Meloni, sus orígenes ideológicos y sus contactos con la ultraderecha europea, ¿ha iniciado el triunfo electoral alcanzado el 25 de septiembre por el partido "Hermanos de Italia" (HdI) el camino para un regreso del fascismo? ¿Va a ser Giogia Meloni la reencarnación de Mussolini? En estos tiempos de polarización política las etiquetas descalificadoras deslumbran y confunden, pero son, por su zafio simplismo, inútiles para aclarar, analizar y predecir. El fascismo se extinguió con el Duce en 1945 y, en tanto que forma específica de barbarie totalitaria surgida como reacción al bolchevismo (también fenecido), no regresará jamás. Dejémonos, pues, de evocaciones injuriosas y obsoletas. La actual realidad institucional italiana es otra completamente diferente del débil liberalismo de 1918–1922, como lo es la estructura económica y social del país.

Así, pues, ¿qué cabe esperar de la coalición gubernamental que se va a adueñar del Poder Ejecutivo en Roma? En el campo económico escasas novedades puede haber, habida cuenta del estricto control ejercido por Bruselas, la altísima deuda pública italiana y ser Italia el país más beneficiado por los Fondos de Recuperación para Europa (Next Generation EU) destinados a recobrarse de los graves efectos de la pandemia. Con el dinero, pues, pocas bromas. Además, la entrega efectiva de las cantidades asignadas a este fin puede suspenderse ante un mal desempeño de la gestión política (caso de la corrupción en Hungría) o la adopción de medidas contrarias a los principios básicos del Estado de Derecho (caso de Polonia). Dicho esto, ¿va a salirse Meloni del euro para recobrar soberanía en política monetaria? Podemos apostar que no, sueños húmedos aparte. Y esto se extiende, desde luego, a la propia pertenencia de Italia a la UE y al mismo recorte de poderes de la Unión en beneficio de los Estados miembros (una especie de "devolution" británica). La "Europa de las naciones" (o el antieuropeísmo visceral de Salvini proclamado a gritos contra la burocracia de Bruselas y su afán reglamentista) puede ser una idea para lanzar y exprimir con regodeo en los mítines electorales ante una parroquia nostálgica e inculta, pero en un mundo globalizado resulta ya una ensoñación etílica.

Habiéndose declarado Giorgia Meloni resueltamente "atlantista", no parece que, en principio, Italia vaya a desmarcarse de las sanciones europeas a Putin por la invasión de Ucrania. Pero esta impresión (que ha de ser recelosa) puede cambiar con el transcurso de los difíciles meses invernales que nos aguardan. El mayor lobista italiano de Putin es Silvio Berlusconi, y el siguiente Salvini. De modo que ya veremos.

En el terreno institucional, se habla del atractivo que ejerce el presidencialismo a la francesa (¿o a la turca?) en HdI y en los partidos de Salvini y Berlusconi. Ciertamente, esto encajaría en la visión de un poder personal cesarista y plebiscitario, una suerte de unión hipostática entre el líder máximo y el pueblo. Si a ello se uniera la supresión de la Corte Constitucional, órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, y del Consejo Superior de la Magistratura, órgano de autogobierno del Poder Judicial, tendríamos el marco ideal de una concentración de poderes muy del gusto de la extrema derecha, profundamente antiliberal. Ya decía Edmund Burke, con su proverbial elitismo, que "la locura de los prudentes" es mejor que "la sobriedad de los idiotas". Por supuesto, ello exigiría la reforma de la Constitución y seguramente un referéndum nacional. Teniendo en cuenta que en las últimas elecciones únicamente ha votado el 63,9% del censo, parece poco probable que haya suficientes "prudentes" para una aventura semejante. Además, si existe en Italia una institución prestigiosa, es precisamente la Presidencia de la República, no elegida directamente por el pueblo, sino por el Parlamento y los delegados de las Regiones autónomas.

¿Cómo satisfacer, pues, a los electores más radicales? Indudablemente, en materia de inmigración (obsesión especial de Salvini, pero compartida por la clase obrera en su totalidad), seguridad pública, interrupción voluntaria del embarazo, derechos del colectivo LGTBI, etc. La restricción o supresión del acceso de los emigrantes que demanda la derecha radical no obedece únicamente, ni principalmente, a una pretendida saturación del mercado de trabajo, sino, en el caso de los musulmanes, sobre todo a una cuestión cultural y en el de los negros, a puro racismo. La islamofobia, justificada en la violencia del terrorismo yihadista, se quiere apoyar también en la idea de una Europa cristiana, aunque vivamos en sociedades muy secularizadas. Es en estos problemáticos asuntos donde es dable temer el énfasis de la nueva mayoría parlamentaria italiana.

En fin, toca esperar y ver.

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