El caso del campo asturiano: tareas pendientes (y 3)

Las necesidades del sector primario en la región

Tractorada en oviedo

Tractorada en oviedo / Irma Collín

Juan Luis Rodríguez-Vigil

Juan Luis Rodríguez-Vigil

El expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil firma bajo estas líneas el tercer y definitivo artículo de una serie dedicada a analizar los problemas del campo a raíz de las multitudinarias protestas que se están produciendo tanto en Asturias como en el resto de España y en otros países europeos. Sostiene que el sector primario debe contar con un compromiso claro y sin fisuras por parte de las diferentes administraciones y desgrana una serie de problemas que diferencia de otros que también atenazan a las zonas rurales, como la constante despoblación. Además, plantea algunas soluciones para calmar en el medio y largo plazo el creciente malestar tanto de agricultores como ganaderos que viven y trabajan en la región.     

Aunque los problemas de los ganaderos asturianos de vacuno de leche, de carne, así como de las distintas reciellas tienen claras y manifiestas singularidades, lo que parece evidente vistas las movilizaciones en curso, es que bastantes de ellos –no todos– coinciden en el sentimiento de agudo malestar que está detrás de las actuales protestas a las que muchos se han sumado, al igual que algunos colectivos y personas que sintiendo parecido malestar no están en absoluto vinculados con ningún tipo de ganadería, aunque seguramente residen en el ámbito rural y participan de los agravios y objetivas desventajas que eso implica.

Al igual que en resto de España, las protestas en Asturias se producen en un marco de manifiesto "totum revolutum" en el que participan, sin diferenciar ni aclarar protagonismo, plataformas más o menos inorgánicas con, al menos ahora, los sindicatos agrarios establecidos.

Por elemental sentido de responsabilidad política y de orden público el Gobierno regional debería poner término a este caos, algo que seguramente solo podrá hacerse mediante la convocatoria urgente de elecciones a las Cámaras agrarias para saber de una vez por todas quien es quien, con quien se negocia, que se quiere, y a quien y cuantos se representa.

Algunas organizaciones sindicales agrarias que en otro tiempo fueron pujantes y representativas ahora, según parece, son cascarones vacíos. Eso fomenta el desconcierto e impide una interlocución serena y fructífera, que es necesaria ya para tener la seguridad de que las medidas propuestas o acordadas son las efectivamente queridas por los campesinos.

Dicho esto, conviene aclarar ya que en estas movilizaciones no se han convocado tanto por razones genéricas y transversales, aunque estas subyacen en el general malestar agrario de toda España y, por supuesto, también entre quienes se han manifestado en Asturias. Las actuales movilizaciones, creo yo, tienen objetivos propios y muy específicos.

Estas protestas no se ciñen, o no se ciñen principalmente a reclamaciones relativas a la equidad en los servicios públicos del medio rural: los de educación, sanidad, vivienda., carreteras, internet, servicios sociales etcétera, los cuales deben tener manifiestas peculiaridades de discriminación positiva en gran parte del territorio rural asturiano, el más afectado por la despoblación, la lejanía, el envejecimiento, la crisis de la natalidad etcétera, que han provocado ya un verdadero derrumbe poblacional en bastantes concejos del interior asturiano y que engarzan, por ello, con la llamada política relativa al llamado reto demográfico.

Sobre estos asuntos está en trámite una ley bienintencionada, pero que no sé si será muy operativa, o si los problemas de los que trata pueden solventarse mediante una ley o exigen mejor un programa muy perfilado y concreto de medidas secuenciadas y precisas calendadas a corto y medio plazo.

En todo caso, esto va de otra cosa. Al igual que los agricultores franceses, los españoles y, por supuesto los ganaderos asturianos ahora exigen perentoriamente a sus gobiernos, el nacional y el autonómico, ayuda y protección frente a un presente, y aún más ante un futuro que intuyen problemático, difícil e incierto.  

Pese al potencial turístico y residencial del medio rural asturiano, y también, aunque pueda instalarse allí un numero apreciable de personas y de empresas que utilicen principalmente herramientas digitales para su actividad económica, durante mucho tiempo el nervio principal de la economía rural asturiana y el sustento de una buena parte de sus habitantes será la ganadería en su distintas modalidades y las actividades conexas con ella.

Precisamente por ello la actividad ganadera debe tener ahora apoyo prioritario y determinante por parte de las Administraciones Públicas autonómica y estatal, tanto más cuando que se encuentra en un momento de cambio crucial y ante retos muy importantes, atravesando, además, en estos momentos una situación crítica dado el enorme encarecimiento que se ha producido en sus principales insumos, lo que, por ejemplo, en el caso de muchas explotaciones lácteas asturianas que tienen necesariamente que acudir al mercado para solventar sus necesidades de forraje determina márgenes de rentabilidad muy pequeños, e incluso negativos, aunque los precios de la leche en Asturias sean altos gracias a la Central Lechera.

Ello determina que solo quienes tienen tierra suficiente y pueden producir forraje propio para alimentar prácticamente a todo su ganado estén ganando hoy dinero, a veces mucho, mientras que quienes carecen de tierra suficiente (que son los más) se ven ocasionalmente muy apurados.

Desde hace muchos años los gobiernos autonómicos y nacional , y obviamente el asturiano, han entendido que los problemas de la ganadería y de la agricultura quedaban cubiertos por la política de la CEE y sobre todo por la PAC, la cual , independientemente de puntuales quejas, se limitaban a gestionar, beneficiándose de cuanto positivo tuviese, y achacando a Bruselas los errores y las consecuencias perjudiciales, mientras rehuían cualquier acción propia que comportase el menor riesgo, y que les pudiera generar problemas y les obligase a realizar trabajos y estudios complicados.

La ayuda y protección que ahora se exige no puede ser confundida, pues, con la anunciada para el reto demográfico, sino que debe estar referida ya, y de una vez por todas, a la solución de los problemas estructurales (y algunos coyunturales) del ámbito ganadero asturiano, y de las empresas agroalimentarias que están vinculadas a él, cuya solución solo pueden abordar las autoridades regionales y nacionales aunque sea en cooperación necesaria con las Comunitarias ,y que son las que desde nuestra entrada en la CC EE vienen lastrando y dificultando las actividades y la competitividad del campo asturiano, principalmente de su ganadería y de las actividades económicas y productivas concomitantes con ella, que las hay en muchos y muy, muy distintos concejos y no solo en los especialmente afectados por la despoblación, el envejecimiento o la lejanía.

Entre los problemas coyunturales que, en casos son acuciantes, (y algunos de ellos relativamente fáciles de resolver), además de los que vienen dados por el aumento enorme del coste de la energía, del salario mínimo y de las cotizaciones a la Seguridad Social, creo que hay que citar específicamente a los ahogos financieros que sufren muchos ganaderos asturianos como consecuencia del alza de los tipos de interés de los créditos (en ocasiones por encima ya del 7%) que han acometido para realizar fuertes inversiones en equipamientos (cuadras robotizadas, maquinaria etcétera).

Como medida de urgencia que aliviaría mucho la presión y el malestar de esos ganaderos, no estaría de más que el Gobierno regional articulase una línea de apoyo, subvencionando esos créditos en tres o cuatro puntos mediante un acuerdo con la Caja Rural de Asturias, que es quien puede actuar con rapidez y máxima seriedad, ya que está presente en todo el medio rural regional y conoce perfectamente la solvencia y la seriedad en los pagos de cada ganadero, evitando así crear burocracia, o que intervenga Asturgar, que esto, creo yo, no debería tener arte ni parte.

Esta sería una medida barata y de escaso coste para la Hacienda regional, pero que sin embargo a corto plazo mejoraría mucho la situación de bastantes medianos ganaderos.

Empero los temas más relevantes, que están pendientes desde nuestra entrada en la CC EE, son de carácter estructural. Y la mayor parte de ellos competen a los Gobiernos regionales y al nacional, sin perjuicio de que para su solución se exija la cooperación de Bruselas, al igual que la tuvo a la hora de afrontar la reconversión industrial, algo que se parece bastante a lo que ahora necesita nuestro campo.

La tremenda reconversión silenciosa, y no traumática en términos de movilizaciones ,que ya ha realizado el campo asturiano en estos últimos años mediante las jubilaciones, las ayudas de la PAC y la pavorosa desaparición de explotaciones (de las aproximadamente 32.000 ganaderías de leche que existían en Asturias en 1987, se ha pasado a 1.758), ha dado de sí cuanto podía. Esa reducción ha coincidido con una mejoría muy importante de la genética y del régimen de alimentación del ganado, así como de la mecanización y automatización de las instalaciones, pero no ha conseguido reducir el elevado capítulo de los costes derivados de la necesaria adquisición externa de forrajes y piensos, ni la racionalización y reducción de coste de la mecanización de las labores. Por todo ello, ahora es necesario articular una nueva política, más audaz y de mayor calado si se quiere que nuestros ganaderos, los que queden, tengan futuro. Y garantizar sobremanera la desaparición de todo cuanto esta determinando una competencia desleal o manifiestamente injusta, que abusa de su situación de ventaja y privilegio en el marco europeo, y que expresa paradigmáticamente el caso recientemente destapado del entramado empresarial opaco y de ingeniería fiscal de Lactalis, que el gobierno español debería también controlar.

Algunos de esos problemas estructurales no son específicos de Asturias, pues en más o en menos afectan a la ganadería de toda la Cornisa Cantábrica y por ello deberían de ser objeto de tratamiento concertada ante la Administración Central y ante Bruselas por las tres comunidades más afectadas: Galicia, Asturias y Cantabria ( los vascos, como en todo, siempre juegan aparte).

El capítulo de medidas adoptar es largo y sería imposible de desgranarlo aquí y ahora por elementales razones de espacio. De hecho, en trabajos muy recientes se han detallado bastantes de las medidas necesarias, que serían factibles en Asturias si se quiere ese cambio. Y tiempo habrá para desgranarlas. Pero, en todo caso, en lo que hay que insistir es en la necesidad urgente de aumentar ya y de forma significativa la superficie forrajera o de pradería propia de las explotaciones asturianas. Para ello, hay que legislar dentro de la política fiscal autonómica y, desde luego, ejecutar lo legislado.

Donde las ganaderías están aledañas a montes comunales de pradería y no especialmente abruptos, debe de ser ese el ámbito urgente de ampliación de superficie, algo fácil de decidir, sin perjuicio de otras medidas que procedan, como las actuaciones en las que interviene el Banco de Tierras, y de la enajenación por parte de la Hacienda Pública de cualesquiera fincas abandonadas que estén en la cercanía de las explotaciones existentes, y siempre, estableciendo líneas de crédito adecuadas o primadas para la adquisición de fincas anejas mediante tanteo y retracto de colindantes. 

Por otro lado, también es urgente renovar algunas de las medidas e instituciones de regulación de las producciones ganaderas que durante mucho tiempo fueron muy positivas para el campo asturiano y que incomprensiblemente en la actualidad han sido orilladas y abandonadas en base a la ideología de defensa de la competencia sin límites ni mayor control entre desiguales que ha venido defendiendo la CC EE, pese a que son imprescindibles para regular la leal competencia y los mercados en los ciclos de alta y baja producción que son connaturales y consubstanciales a la actividad agraria y ganadera.

En concreto, los Gobiernos autonómicos de la Cornisa Cantábrica y por supuesto el asturiano, deben exigir ya que el Fondo Estatal de Garantía Agraria (FEGA), que sustituyó al FORPA y que es el responsable de la gestión de ayudas y pagos correspondientes a la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) vuelva a jugar un papel protagonista en la regulación y financiación de los excedentes temporales que no puede asumir la industria láctea sin dañar enormemente a sus suministradores ganaderos, y que fije precios de intervención actualizados y adecuados a cada momento.

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