Unos 2.500 asturianos logran en dos años prescindir de las rentas públicas mínimas

El gasto de Asturias en el salario social se reducirá el próximo ejercicio aún más tras haber caído a una cuantía de 68,5 millones de euros este año y atender unos 11.000 beneficiarios, casi la mitad menos que en 2018, año en el que la prestación alcanzó el máximo presupuestario con 124,5 millones y llegó a unos 22.500 asturianos. La principal razón estriba en la implantación del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda para personas sin recursos impulsada desde el Gobierno central y llamada a terminar por asumir a buena parte del colectivo cuyo respaldo económico se limitaba al salario social autonómico, creado en el año 2005. Pero aparte de esa reducción, unos 2.500 asturianos han logrado en estos dos años prescindir de este tipo de prestaciones, en gran medida tras participar en programas de inserción laboral o mejorar sus rentas y salir del umbral marcado para la concesión del salario básico regional.

La prestación cumple así la mayoría de edad con algunos retos importantes sobre la mesa: el primero, convertirse en una solución temporal que encamine a quienes lo reciben hacia un empleo, logrando así salir del riesgo de exclusión; el segundo, terminar por ser una excepcional ayuda de emergencia una vez que el Ingreso Mínimo Vital vaya ocupando su espacio.

Precisamente uno de los objetivos en los que la Consejería de Bienestar Social ha puesto el foco en los últimos años es el de propiciar salidas laborales a los beneficiarios del salario básico. Al potenciar las medidas de incorporación, la consejería comprobó que casi el 25% de los beneficiarios resultaban ilocalizables a la hora de contactar con ellos para proponerles un itinerario de empleo. La consejera Melania Álvarez expresó entonces su preocupación y recalcó que la prestación podría suspenderse para aquellos perceptores que renunciasen a formarse. "Todos tenemos que ser conscientes de que las reglas del juego son estas", dijo Álvarez en octubre del año pasado.

El Servicio de Empleo del Principado (Sepepa), dentro de su cometido de seguimiento específico vinculado al salario social, contactó en estos dos años con 753 personas directamente. De estas, unas 300 personas, el 40 por ciento se integraron en programas para favorecer su inserción laboral. De ellas, un centenar han sido contratadas o se encuentran en una bolsa de empleo y las 200 restantes han recibido o reciben formación. No obstante existe un alto porcentaje de personas que rehúsan participar en el programa, y lo hacen por causas variadas: desde la ausencia de medios económicos o materiales para atender la oferta (desplazamiento, ausencia de carné, conciliación o cuidados), hasta enfermedad o, en algunos casos, la inminencia de una contratación laboral. Un 26% de los beneficiarios con los que no pudo contactar el Sepepa han sido citados para acudir a su Oficina de Empleo.

"La experiencia asturiana se toma como modelo en foros europeos", dice la directora general Paula Álvarez

Varias empresas participan en estos proyectos de colaboración público-privada para favorecer el acceso a un empleo de los beneficiarios del salario social. Tragsa, la Fundación Laboral de la Construcción, ASATA, la Asociación de Empresas de Consultoría y Formación y las empresas Azvase y Antonio Corripio Servicios (ambas dedicadas a los cuidados de larga duración), colaboran con el Principado para ayudar a que los perceptores encuentren un trabajo. Además, la Consejería, en colaboración con el Ministerio de Inclusión y con financiación europea (fondos MRR) está llevando a cabo programas de capacitación en nuevas tecnologías. En este programa han participado 1.700 personas tras haber contactado con 6.500 beneficiarios.

En total, el Principado considera que se han producido 2.500 casos de éxito de perceptores que se han integrado en programas formativos o de empleo con el objetivo de mejorar su situación económica con un empleo o su desenvolvimiento para encontrarlo, o que han dejado de percibir el salario porque sus rentas se han elevado.

"Puede parecer que son pocas personas, pero recientemente hemos participado en foros, alguno de ellos europeo incluso, en los que la experiencia asturiana se toma como modelo", asegura la directora general de Gestión de Servicios Sociales, Paula Álvarez. De hecho, Asturias es una de las cuatro comunidades españolas (además de Galicia, Navarra y el País Vasco) que cuentan con un programa de seguimiento e inserción asociado a su salario social.

Una nueva etapa

El salario social se encamina a una reducción progresiva en beneficiarios, lo que para el Principado supone contar con más recursos presupuestarios, y su continuidad, a medida que el Ingreso Mínimo Vital vaya cubriendo la mayor parte de las necesidades, se encaminará a algunos supuestos aún excluidos de la renta básica estatal. Por ejemplo, los mayores de 65 años cuyos ingresos procedan de pensiones no contributivas o mínimas, o se encuentren en hogares con varios convivientes que no superan los umbrales; también para aquellas personas que no cumplen ciertos requisitos de afiliación a la seguridad social y viven solas. Pero sobre todo el salario social se encamina a ser la prestación de emergencia ante situaciones de desempleo o falta de recursos súbitas (al margen de otras que ya facilita la Administración autonómica) ya que el Ingreso Mínimo Vital se concede teniendo en cuenta la situación económica del año anterior.

Suscríbete para seguir leyendo