El campo vuelve el día 20 a la calle en Asturias en busca de "libertad para trabajar"

Si alguien consideraba que las protestas del campo habían perdido intensidad en los últimos días, tendrá que cambiar de parecer. Las tres grandes organizaciones agrarias a nivel nacional (ASAJA, COAG y UPA) han presentado en Asturias su gran movilización en la cornisa cantábrica para el próximo 20 de febrero, con tractoradas y manifestaciones simultáneas desde Galicia hasta el País Vasco. Las asturianas se concretarán en los próximos días y serán ante la Delegación de Gobierno y en las grandes ciudades. "Queremos que nos dejen vivir. Sencillamente libertad para trabajar", resumió el presidente de Asaja–Asturias, Ramón Artime, al comparecer junto a líderes agrarios gallegos y cántabros.

Ese que "nos dejen vivir" aglutina todos los problemas del medio rural que, como advierte el líder de Asaja, "no se pueden arreglar desde el pueblo ni se limitan solo a Asturias". "Son generales, aquí solos no vamos a arreglarlo", añadió. ASAJA, junto a COAG y UCA (la marca regional de UPA), dirigen principalmente su tiro a la UE, al "monstruo burocrático" de Bruselas que emite leyes difíciles de cumplir por el sector de la cornisa cantábrica: "No hay por dónde pillar la PAC". Pero también se fijan en el Ministerio de Agricultura en su papel de mediador. A su titular, Luis Planas, piden un "plan de choque" –en palabras de Luis Pérez, secretario general de COAG en Cantabria– que permita empezar a encarrilar todos los males que acechan a agricultores y ganaderos. "Si Luis Planas no da respuesta a nuestras peticiones, seguiremos con las movilizaciones. Queremos sensibilizar a la opinión pública, que la gente tenga claro qué pasa si el campo desaparece, porque tenemos una doble labor de productores y también de cuidadores del medio ambiente", destacó Félix Porto, de UPA en Galicia.

La pesca asturiana sopesa unirse a las movilizaciones del campo

Fue este quien enumeró una por una las siete demandas de las tres organizaciones. La primera es precios justos para los productos agrarios, lo que pasa por hacer cumplir la ley de Cadena Alimentaria, eliminando la especulación y fijando índices de referencia en los costes para producir. Porto reclama un mediador en las negociaciones de precios para que la industria no "imponga" los precios. Las organizaciones reclaman el fin de los tratados de libre comercio que hace que productos extracomunitarios compitan con ventaja con los nacionales. Una de las reclamaciones más importantes es "eliminar la burocracia que nos asfixia", que ejemplifican en medidas emanadas de Bruselas como el cuaderno digital para apuntar cualquier cambio en las explotaciones, el decreto que ordena las explotaciones bovinas o el de aplicación de purines. Reclaman además adaptar los equoesquemas –pagos directos a aquellos que acepten, de manera voluntaria, la puesta en marcha de prácticas medioambientales– de la PAC y esta ala "realidad" de la agricultura y ganadería de la cornisa cantábrica, lo que pasaría por hacer pagos "en función de las personas activas y no de la superficie". Para evitar el despoblamiento con la incorporación de jóvenes piden "servicios dignos" en los pueblos. Entre las medidas económicas figura mantener un precio económico del gasóleo para el sector. Y la séptima medida es una que preocupa mucho en Asturias: la salida del lobo del catálogo de especies protegidas.

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