Luxemburgo y otros flecos

La decisión del Tribunal del Comercio de Luxemburgo que está previsto que se publique al inicio de esta semana que entra es el penúltimo fleco de la historia de descapitalización fraudulenta y su correspondiente expolio al que fueron sometidas las plantas de la antigua Alcoa en Avilés y en La Coruña. Y no es el último porque ese fleco corre de la cuenta de la Autoridad Portuaria local y de la multinacional Windar Renovables, la que ha sido seleccionada para hacerse con el millón de metros cuadrados que desde mediados de los años cincuenta sirvieron para que España pudiera sumarse al club de los países fabricantes de aluminio primario.

En la capital del Gran Ducado se tiene que decidir si la empresa Alu Ibérica –sucesora de Alcoa a través de una controvertida operación de compraventa investigada desde diciembre de 2021 por la Audiencia Nacional– tiene que hacer frente a unas obligaciones contractuales que habría asumido Víctor Rubén Domenech quien, de momento, sigue siendo el dueño de la empresa, aunque esté administrada por un gerente concursal, y es, además, el principal investigado como presunto responsable del vaciado de una compañía de la que vivieron, hasta mayo del año pasado, unos cuantos cientos de familias de la comarca de Avilés.

Una compañía internacional con sede, precisamente, en el país centroeuropeo, llegó a un acuerdo con Domenech y sus socios –los formales y también los actuaron como testaferros– para que sus dos alumineras –la gallega y la asturiana– le comprara toda la chatarra que había que fundir en las instalaciones. Esta empresa siente que este acuerdo no se llevó a cabo y por eso reclama daños y perjuicios. Dado que la gestión de la empresa ya no está en manos del investigado, quienes tiene que responder son sus actuales gestores. Esto pasó a mediados del mes de octubre pasado. Entonces la empresa reclamante bajó el nivel de su reclamación, aunque no mucho: sigue siendo millonaria y hace un roto en las cuentas marchitas de Alu Ibérica tal cual quedaron tras haber dejado Domenech de responsabilizarse de ella, es decir, tras haber sido retirados judicialmente sus poderes ejecutivos. Concretamente, Traxys Europe –así se llama la empresa reclamante–pedía 41 millones para satisfacer los daños y perjuicios que, según su criterio, le había producido la aluminera cuando estaba en manos de su dueño. Lo que pide ahora, sin embargo, son 26.

Esto –la existencia de daños y perjuicios– es lo que faltaba para terminar con este penúltimo fleco de esta historia de destrucción, decepción y "fracaso de la política" –la del antiguo Ministerio de Industria (ninguno de los que decidían algo sobre Alu Ibérica y sus crisis se mantiene en su puesto), la del anterior consejero de Industria (reprobado por la Junta General del Principado)–. Esta decepción es algo que sienten y repiten los componentes del colectivo de despedidos de una fábrica que hubo una vez en que se convirtió en la cara del progreso económico de la comarca.

Ninguno de sus extrabajadores –lo han contado en muchas ocasiones en las páginas de este periódico– se hubiera podido haber imaginado nunca que cuando era joven y tenía veintitantos y había conseguido entrar en la compañía, iba a tener que salir de ella despedido dos décadas después y, sin mirar atrás, con miedo a convertirse en sal, porque los mejores años de sus vidas estaban siendo aniquilados y la vida iba a tener que empezar de nuevo.

Por ahí, por la nueva vida, es por donde viene el último fleco. Sin Alu Ibérica, entra en escena la multinacional Windar Renovables, la empresa que los administradores concursales de la fábrica en quiebra seleccionado en septiembre parar hacerse con ese millón de metros cuadrados en el candelero desde noviembre de 2018 –y es que, no se olviden, la crisis del aluminio empezó hace seis años y todavía no se ha solucionado del todo–. Esta selección se produjo con un condicionante: que la Autoridad Portuaria de Avilés concediera el uso industrial de una buena parte de ese millón de metros cuadrados puesto en liza.

Y ese paso es el que todavía no se ha podido materializar. Por el momento, porque su cocina es lenta –el tiempo que dieron los administradores concursales fue antes de final de año–. Desde el Puerto trabajan para que su Consejo de Administración dé de paso el tránsito de la crisis al porvenir que sopla con los vientos marinos. De hecho, Windar Renovables ya ha anunciado que invertirá un mínimo de 9 millones de euros en adecuar las naves de Alu Ibérica para fabricar en ellas las torres y los monopiles para turbinas de nueva generación destinados a parques eólicos marinos de todo el mundo. Para todo esto, la compañía ha reservado 110 millones de euros y ahí van los 20 de la adquisición de los terrenos y las instalaciones.

Con estos dos flecos sólo queda para dentro de un año que se sienten en el banquillo los responsables del mayor expolio económico de la historia de la comarca. Los sindicatos, mientras tanto, ya pasan página y recuerdan a los futuros dueños de la antigua Alu Ibérica y a los nuevos políticos que hay un grupo de trabajadores –muchos en paro, muchos recolocados en el mismo sector metalúrgico, muchos cambiados de gremio– capacitados para volver al tajo y para pensar que la pesadilla se ha disipado.

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