Muchos jueces decanos (algunos asturianos) se levantan contra el "lawfare" del acuerdo Sánchez-Puigdemont: "Es una intromisión"

Los magistrados consideran el pacto de investidura una "quiebra de la separación de poderes" y se niegan a que el Congreso controle sus decisiones

Una reunión de jueces decanos el pasado mayo en Canarias.

Una reunión de jueces decanos el pasado mayo en Canarias. / CGPJ

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Un total de ochenta jueces decanos de España, entre los que se cuenta Jorge Punset, juez decano de Oviedo, y el ovetense Juan Avello, juez decano de Las Palmas, se adhieren al comunicado publicado en la tarde de este jueves por las Asociaciones Judiciales (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente). Muestran igualmente su rechazo a las referencias al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias. Como se indica en el comunicado, “el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Para los jueces, eso "podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

Los jueces, añaden, "han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución". Y consideran que esas expresiones sobre el "lawfare" (concepto creado por Pablo Iglesias), en tanto en cuanto "traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables". Para los magistrados, "el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".

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