Luz verde a 5 millones para el desarrollo y protección de áreas forestales
Marcelino Marcos avisa al PP de que la ley de Montes asturiana que critica es como la gallega
El Consejo de Gobierno del Principado –reunido de forma excepcional en Amieva y presidido por la vicepresidenta Gimena Llamedo– aprobó este viernes la convocatoria de ayudas destinadas a empresas y particulares para el desarrollo de zonas forestales, dotada con cinco millones para este año, uno más de los previstos inicialmente. Las diferentes líneas de subvenciones y su presupuesto correspondiente se detallan a continuación: reforestación y creación de superficies forestales, 2,6 millones; reparación de daños causados en los bosques por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes, 1,2 millones; creación y mantenimiento de sistemas agroforestales, 400.000 euros; inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales: 400.000 euros; prevención de daños en bosques por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes, 200.000 euros; y actuaciones para aumentar el potencial económico de los bosques, 200.000 euros.
El objetivo es facilitar la repoblación de cerca de mil hectáreas de monte de particulares y de zonas afectadas por incendios forestales como los de la pasada primavera. También se cubren actuaciones para proteger pastos y fomentar la ganadería extensiva mediante la creación de masas arbóreas de especies frondosas autóctonas. Otra de las líneas de la convocatoria va ligada a la prevención de incendios y se apoya la redacción de proyectos de reordenación del monte.
Ley de Montes
Por otra parte, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, considera "tremendistas" las críticas del diputado del PP Luis Venta a la proposición para modificar la ley de Montes, que el popular tachó de "comunista y sectaria". Según Marcos, la normativa asturiana es similar a la de Galicia, donde gobierna el PP. Añadió que lo que se pretende con la modificación es adaptar la ley a la normativa estatal, seguir las recomendaciones de la Fiscalía y dar seguridad jurídica.
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