La Audiencia Nacional devuelve a Alcoa y a los cuatro jefes a la lista de investigados

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha devuelto a la empresa Alcoa Inespal y a cuatro de sus ejecutivos –Kai Runne Heggland, Álvaro Dorado Baselga, Ignacio León Moro y Christine Keener– a la lista de investigados de la causa que instruye la magistrada María Tardón, la titular, precisamente, del Juzgado Central Número 3 de la propia Audiencia Nacional, la responsable de desentrañar la madeja que se lió con la venta de las fábricas de aluminio de Avilés y de La Coruña en julio de 2019.

Esta vuelta a la casilla de salida la decreta la sala superior al considerar que el auto que exoneraba a los ejecutivos y a la compañía había resultado "prematuro". Y esto es así, defiende el auto, porque los que recurrieron la salida de Alcoa (los catorce extrabajadores de Alcoa de La Coruña que quieren sumarse al acuerdo negociado por sindicatos y la multinacional esta pasada primavera para cobrar las indemnizaciones de 60 días por año trabajado y 10.000 euros más lineales) no pudieron proponer "la práctica de diligencias tendentes a mantener la imputación". O sea, que la sala pide tiempo para que los que recurrieron puedan decir por qué la multinacional y sus cuatro jefes tienen que seguir en la lista de investigados. Y es que ni la defensa de Alcoa, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Fiscal, ni las acusaciones particulares (las federaciones sindicales encabezadas por la Confederación de Cuadros) ven razones para que vuelvan a la lista de investigados (que es como se llama ahora a los imputados).

Se da la circunstancia de que los catorce que han recurrido dejaron la multinacional aluminera con posterioridad a enero de 2019. Y esta circunstancia es fundamental porque es la fecha a la que ordena la sentencia de la Audiencia Nacional de esta pasada primavera retrotraer el lío. Esa sentencia, sin embargo, está recurrida en el Supremo. Lo que sí es cierto es que esta primavera (cuando se negoció el acuerdo al que se quieren sumar), algunos de los que forman parte de la lista de catorce llevaban tres años fuera de la empresa.

Así que, según las federaciones sindicales personadas en la causa –Alcoa declinó hacer cualquier comentario al respecto de esta decisión judicial–, lo que va a pasar ahora es que la defensa de los catorce recurrentes –un despacho de abogados de La Coruña– tendrá que explicar a las partes por qué hay que imputar a la multinacional contra el criterio de todos los demás. "La revocación del auto que separaba a Alcoa y a los ejecutivos de la causa no afecta al acuerdo que alcanzamos en primavera. Nosotros cumplimos todos los hitos recogidos en ese acuerdo. No se puede volver para atrás", señaló Juan Antonio González Barriocanal, el secretario general de la Confederación de Cuadros, la central sindical que presentó la querella que abrió la causa contra las presuntas acciones delictivas desarrolladas en las fábricas de Alu Ibérica en Avilés y La Coruña durante la gestión de los investigados David Domenech y su socia Alexandra Camacho. En estos mismos términos se manifestó Damián Manzano, el secretario general de Industria de CC OO en Asturias. "Lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Que vuelvan a la lista de investigados no puede achacarse a nuestra parte".

Fogasa

El caso es, sin embargo, que los extrabajadores de Alu Ibérica no han visto aún ni un euro de su finiquito desde que el pasado día Primero de Mayo (el día del Trabajo) fueron despedidos. Y no lo han hecho porque el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que es un instrumento del Ministerio de Trabajo para atención a las plantillas cerradas tras un ERE extintivo, no ha pagado nada a nadie. Y no lo ha hecho a pesar de que los administradores concursales de Alu Ibérica le han certificado la deuda que tiene con su antigua plantilla y, a pesar, de que el acuerdo de la primavera pasada no termina de materializarse.

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