David Domenech "expolió" Alu Ibérica para hacerse con ella, según el gerente concursal

David Domenech y de su socia Alexandra Camacho pagaron las acciones de Alu Ibérica con el dinero de la propia Alu Ibérica, una operación que "supone una flagrante conculcación del principio general prohibitivo del ordenamiento jurídico español por el cual una sociedad no puede prestar asistencia financiera a un tercero para la adquisición de sus acciones o de acciones de su sociedad dominante". Es decir, Domenech y los suyos cometieron un "auténtico expolio consciente y doloso" de las fábricas de aluminio de la antigua Alcoa.

Esto es, al menos, parte de lo que el administrador concursal de Alu Ibérica Avilés, el abogado ovetense Miguel Gómez Gordillo, explica al magistrado titular del Juzgado Número 1 de lo Mercantil de Oviedo por medio del informe de calificación "culpable" del concurso de acreedores de la empresa Iberian Green Aluminium Company –también es administrador de esta sociedad instrumental propiedad de David Domenech y de su socia Alexandra Camacho: la crearon para hacerse con las fábricas de aluminio que habían puesto a la venta los germanosuizos de Parter Capital– que "los fondos necesarios para la compraventa de las participaciones [de Alu Ibérica], de los que la adquirente no disponía, fueron extraídos en su integridad, y mediante una acción concertada de vendedor [Parter Capital] y adquirente [el investigado por la Audiencia Nacional David Domenech], de las propias sociedades operativas de Avilés y de La Coruña".

Por ello, Gómez Gordillo reclama al juez que condene al administrador de Iberian Green –Luis Losada, presunto testaferro de Domenech– y a los dueños de la compañía –el propio Domenech y su socia Alexandra Camacho– a "inhabilitación para administrar bienes ajenos durante un período de quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo periodo". Y, además, reclama que los tres pierdan "cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa"–. Suma a esta petición la reclamación de 330.000 euros en concepto de "daños y perjuicios relacionados con el alzamiento de bienes o salida fraudulenta" del capital social.

La petición se limita a esta cantidad porque es la misma en que Domenech y Camacho valoraron la compañía Iberian Green, una empresa que nació con la aportación en especie de seis carretillas –que puso la sociedad PM MR1866– y una impresora –la parte de Alexandra Camacho–.

El administrador concursal de Iberian Green, asimismo, solicita al juez que lleva su concurso de acreedores que los tres implicados en el nacimiento de la compañía que nació en enero de 2020 (tres meses antes de que se hubiera llevado a cabo la compraventa de Domenech a Parter Capital) que paguen la totalidad del déficit patrimonial de la sociedad, es decir, la diferencia entre el valor acciones de las dos Alu Holding (la única propiedad registrada por Iberian Green) y las deudas contraídas con Alu Ibérica y la Agencia Tributaria. Las dos Alu Holding son dos sociedades instrumentales que son, a su vez, propietarias de las dos fábricas de Alu Ibérica: la de Avilés y la de La Coruña. Esta segunda cantidad reclamada es de 153.904,45 euros. Si se suma a la petición de daños y perjuicios, Domenech, su socia Alexandra Camacho (directora general de Iberian Green) y el presunto testaferro de los dos (Luis Losada) deberían pagar 483.904,45 euros si así lo sentencia el juez.

Todo esto se explica en el documento que el administrador concursal de Alu Ibérica Avilés y de Iberian Green ha enviado al juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo, que es el encargado de vigilar el proceso de disolución de la compañía Alu Ibérica, la sucesora de Alcoa.

Actualmente, la fábrica de aluminio primario de San Balandrán se encuentra en proceso de liquidación, sin actividad y a la espera de que alguna de las empresas interesadas en desarrollar actividad en sus terrenos dé el paso adelante que finiquite una historia que ha dejado a Asturias fuera del mercado del aluminio primario y a doscientos y pico trabajadores en el paro y, además, sin poder cobrar sus indemnizaciones.

Gómez Gordillo asegura que los propietarios y el administrador de Iberian Green son "culpables" de su situación financiera –en quiebra–, pero no por haber realizado la compra por medio de una "asistencia financiera" –una operación que califica de "llamativa grosería" y también de "indebida apropiación de los fondos"– ya que Iberian Green "resultaba beneficiaria de los ingresos" (esta circunstancia, la operación indebida es la que se está instruyendo en la Audiencia Nacia Nacional). Lo son, entre otras cosas, por "la desaparición de facto de los bienes aportados en especie para crear la sociedad" (las carretillas y la impresora), la ausencia de cuentas e incluso la presentación de "documentos falsos".

La calificación de un concurso de acreedores es el procedimiento judicial que se aplica cuando una empresa no puede afrontar sus deudas. Se trata de la última parte del proceso de liquidación y en ella el administrador determina si el estado en que se encuentra una compañía es consecuencia de la mala gestión programada o del devenir del mercado. Gómez Gordillo manifiesta que los gestores de Iberian Green son "culpables" del estado en que se encuentra la compañía.

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