La agotadora espera por la seguridad rural

El goteo de robos en viviendas de la zona rural se ha convertido en los últimos meses en un problema de seguridad ciudadana de primer nivel, pese a los discursos que tratan de restarle importancia desde algunas tarimas públicas. Nadie pone en duda que Gijón, en particular, y Asturias, en general, cuentan con bajos índices de delincuencia respecto a la media nacional, tal y como sus propios habitantes aseguran percibir en sucesivas consultas realizadas durante los últimos años. Pero esa realidad no se puede usar de forma torticera por parte de las administraciones para tratar de eludir su responsabilidad cuando se producen episodios como el que están padeciendo las parroquias del área periurbana del concejo. Porque, en este caso, los números son elocuentes: a lo largo de 2022, los vecinos registraron más de medio centenar de asaltos en casas, sobre todo, en Somió (donde se produjeron más de la mitad), Castiello, Cabueñes, Deva y Santurio. Una tendencia que no se ha frenado hasta ahora y que no se frenará mientras no se agilicen las medidas que, tarde, mal y nunca, se han anunciado, como la instalación de cámaras de vigilancia.

La voz de alarma saltó a principios del pasado otoño, cuando varias asociaciones de vecinos informaron de que las parroquias rurales, sobremanera las del este del concejo, estaban sufriendo la mayor oleada de robos en mucho tiempo. Según explicaron sus dirigentes, eran acciones rápidas, que afectaban especialmente a casas situadas cerca de entronques con la autovía y, por lo general, los ladrones no se llevaban grandes cantidades de dinero ni objetos de enorme valor, aunque sí forzaban puertas y ventanas para lograr sus propósitos. Aquella llamada de auxilio se diluyó en pocos días porque la Delegación del Gobierno aseveró que las denuncias ciudadanas no coincidían con sus estadísticas oficiales. Fue un primer desaire, al que pronto se sumó el Ayuntamiento, que solo consiguió enfadar y preocupar más aún a los afectados.

El segundo llegó poco después, cuando los poderes públicos se negaron a instalar sistemas de videovigilancia para controlar y ahuyentar a los cacos, limitándose a incrementar las patrullas de la Guardia Civil y en contra de la petición vecinal. Esta decisión inicial implicó perder un tiempo precioso para actuar, más teniendo en cuenta que, meses después, tanto la Delegación del Gobierno como el Ayuntamiento modificaron su postura y aceptaron la colocación de los dispositivos. Una medida que, sin embargo, se ha visto ahora frenada por la burocracia, que exige tediosos procesos para que cada uno de los aparatos logre el pertinente permiso. Este nuevo retraso ha incrementado la indignación de los vecinos, cuya paciencia quedó hace tiempo rebasada. Por decencia y por justicia, la solución debe llegar ya.