Dos diputados denuncian por abuso de poder al presidente tunecino Kais Said

Dos diputados del partido conservador de tendencia islamista Ennahda, primer fuerza en el Parlamento, han interpuesto una demanda "por abuso de poder" en un juzgado administrativo de Túnez contra el presidente de la República, Kais Said, quien el pasado 25 de julio suspendió la actividad de la Cámara, depuso al primer ministro y se arrogó poderes extraordinarios.

El mandatario, de tendencia ultraconservadora populista, anunció esta misma semana que no restablecer la normalidad democrática que interrumpió al recurrir a una interpretación forzada del artículo 80 de la Constitución y arrogarse poderes que no le correspondían y advirtió que mantendrá los mismos de forma indefinida al considerar que el "Parlamento supone una amenaza para el Estado"

En este contexto, la diputada islamista Latifa Hannechi, a la que como al resto de los diputados el presiente le ha retirado la inmunidad, anunció que presentará una demanda para que se abrogue el citado artículo 80, que permite al jefe del Estado suspender las garantías constitucionales y democráticas "siempre que haya una amenaza existencial" para el país.

Mientras que su colega de partido, Bechir Chebbi, ha denunciado que Said se ha apropiado del poder usando la fuerza del Ejército, en lo que considera un golpe de Estado.

Ambas denuncias se han presentado a titulo personal, sin la participación de Ennahda, que aunque ha criticado la acción de Said apenas ha reaccionado, debilitada por la enfermedad de su líder, Rachid Ghannouchi, y el puldo por el la sucesión y el poder entre las distintas corrientes internas.

Numerosos gobiernos y organizaciones de defensa de los derechos humanos han pedido al mandatario, un profesor universitario que sorprendentemente ganó las presidenciales de 2019 pese a carecer de partido y experiencia política, que restablezca la normalidad democrática en el único país que sobrevivió al fracaso de las "primaveras árabes" y cancele otras medidas, como las prohibiciones arbitrarias para viajar impuestas a funcionarios, políticos, empresarios, intelectuales y otros ciudadanos libres.