La Junta resucita ahora el CES, un órgano simbólico que nadie ha echado en falta

¿Para qué sirve el Consejo Económico y Social? La pregunta, formulada a dirigentes políticos diversos, lleva pareja dos respuestas, que podrían simplificarse en sendas categorías: quienes aseguran que para poco o nada. o quienes responden que se trata de una institución con una larga tradición simbólica, en la que reside la representación de los agentes económicos para orientar las políticas públicas. Más allá de ese simbolismo, poca influencia real se recuerda de un órgano del que Asturias prescindió en una época en que se consideraba un añadido superfluo a la administración asturiana. Un acuerdo alcanzado por el Partido Popular, Podemos, Ciudadanos y Foro puso fin en 2017 a un órgano que fue constituido en 1988 y regulado por una ley de 2001. El Consejo Económico y Social (CES) desapareció bajo el argumento de que "las actuales circunstancias económicas determinan la necesidad de avanzar hacia una adecuación del sector público, con una mayor austeridad y eficiencia" y que esas circunstancias conllevaban "una racionalización y redimensionamiento de las instituciones y organismos públicos", señalaba la disposición legal que ponía punto y final a un órgano que tenía un coste de 636.000 euros y cuya actividad se ceñía en los últimos años a una decena de informes anuales.

El CES tenía una participación de carácter preceptivo en la tramitación de normas que afectaban a cuestiones socioeconómicas y laborales. En su plenario estaban representados el Gobierno regional, la patronal FADE, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo y la Fundación para el Fomento de la Economía Social. Ya cuando se decidió su disolución el texto legal abría la puerta a recuperarlo: se trataba de una anulación "sin perjuicio de prever la creación, sin costes económicos, de un Consejo para garantizar la participación institucional de los agentes económicos y sociales".

Esa es la puerta que ahora ha abierto Izquierda Unida, con el respaldo más bien silente del gobierno socialista y con el apoyo claro de los dos sindicatos mayoritarios (UGT y Comisiones Obreras) y la patronal FADE. La resurrección del CES ya ha pasado un primer trámite parlamentario, al lograr el permiso para debatir la ley de su nueva creación, con los votos de PSOE, IU y Podemos (paradójicamente el partido que contribuyó a su disolución) y la abstención del PP. El resto de partidos (Ciudadanos, Vox, Foro y el diputado del Grupo Mixto) se han posicionado en contra.

Los impulsores de la medida se basan en dos argumentos: primero, que se plantea un nuevo modelo de organismo sin personal (sus elevados costes, con un presidente que cobraba 64.000 euros anuales –más entonces que el salario del presidente del Gobierno de Asturias– contribuyeron a su puntilla), pero que pueda seguir emitiendo informes para asesorar al Ejecutivo. El segundo argumento es que se recupera un organismo cuya implantación está establecida en la Constitución y que cuenta con una amplia tradición en Europa, como mecanismo que hace visible los principales interlocutores económicos de un territorio.

Precisamente ese carácter simbólico constituye el argumento soterrado de este debate. Los impulsores, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, así como la Federación Asturiana de Empresarios, ven en el CES un mecanismo que les otorga una legitimidad institucional por encima de otras entidades sectoriales. De hecho, el respaldo de Podemos a la recuperación de la ley puede conllevar la integración en el mismo de otras siglas sindicales, como la Corriente Sindical de Izquierdas. Fue precisamente el hecho de que el CES terminase por ser un "club selecto" de ciertas organizaciones uno de los motivos por los que Podemos cuestionó en su día su utilidad. En el caso de FADE, la presencia en el CES le concedería un plus de autoridad en la interlocución con el gobierno regional, frente a las Cámaras de Comercio, por ejemplo.

El Consejo Economico y Social siempre ha estado sujeto a dudas sobre su utilidad. Ya su nacimiento en el ámbito nacional, establecido en la Constitución, necesitó de justificaciones teóricas, tanto desde la izquierda como desde la derecha. El economista Ramón Tamames, referente progresista en la Transición, ya justificaba en 1981 la necesidad de constituir el órgano al considerar " el carácter de obligación constitucional que, a mi juicio, tiene la formación del Consejo Económico y Social". Tamames, que posteriormente evolucionó a posiciones políticas y económicas más conservadoras, señalaba el origen del CES (establecido en el Tratado de Roma) como "órgano de participación consultiva" para la futura Europa y veía en él una fórmula para dotar de solidez a las políticas económicas de los gobiernos, al referir "la larga lista de planteamientos económicos y programas que, por su propia endeblez, nacida de la falta de participación en el momento de elaborarse, no resistieron el paso de unos pocos meses".

También desde posiciones más próximas a la derecha, el asturiano Juan Velarde argumentaba por aquel entonces que el Consejo Económico y Social enraizaba con una tradición española de órganos de asesoramiento económico, como el Instituto de Reformas Sociales (1903) o el Consejo Superior de la Producción (1907). También el Consejo de Economía Nacional, nacido por real decreto en 1924, que terminó por agonizar en la Segunda República y se reactivó durante el franquismo. Eso sí, "sin más consecuencias prácticas", admitía Tamames.

Dietas y compensaciones

El debate que deberá afrontar el parlamento asturiano es si merece la pena resucitar a un ente que, en su ausencia, tampoco se ha echado en falta, al menos en la utilidad y relevancia que tuvo en su día. Y si tiene sentido en un contexto económico similar al que justamente provocó su desaparición. Hay otros argumentos de fondo, como los que tienen que ver con la fórmula encubierta de financiación que podría conllevar para sus integrantes. Los Consejos Económicos y Sociales que existen en España (algunos ya fueron suprimidos, como los de Madrid o Cantabria, precisamente por el debate de su utilidad) suelen destinar una importante partida a contratar con carácter externo la elaboración de informes. De hecho, el CES nacional tiene para el próximo año un presupuesto que ronda los 8 millones de euros, de los cuales 4 se destinan a gastos de personal y más de uno a abono de dietas y compensaciones externas. Aun con un CES en Asturias sin estructura de personal (los trabajadores serían personal ya adscrito al Principado y no habría sueldos específicos), permanecería el reparto discrecional de los estudios preceptivos. Y aun siendo preceptivos dichos informes, tampoco serían vinculantes; es decir, no eliminaría ese mal al que ya refería Tamames: el de los planes económicos de los gobiernos que acaban en papel mojado y se vendieron con especial entusiasmo con cierto poso propagandístico. Este es un hecho que, con CES o sin CES, se ha mantenido en el tiempo. Entonces, ¿para qué sirve un Consejo Económico y Social? Volvamos al principio.

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