Los profesores ven "lagunas" en la nueva ley de Educación

Los sindicatos y colectivos de profesores ven "lagunas" y vacíos pendientes de regulación y desarrollo en la nueva ley de Educación, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y que incorpora destacadas novedades como la posibilidad de que los alumnos obtengan el título de Bachillerato aunque tengan una asignatura suspensa o la ampliación a tres años del Bachiller. Otro de los asuntos más controvertidos es la eliminación de la "demanda social" para poder abrir plazas en los centros concertadas.

El nuevo texto normativo es idéntico al que ya había divulgado el Gobierno de Pedro Sánchez al final de la legislatura anterior. Para ANPE la ley "es un refrito de la LOE" mientras que SUATEA ve avances como que la asignatura de Religión no haga media o la eliminación de las reválidas pero echa "de menos una apuesta más valiente".

La ley, que tiene ahora por delante un largo camino con su discusión parlamentaria en el Congreso, supone dar carpetazo a la LOMCE, también llamada ley Wert, que había sido aprobada durante el primer mandato presidencial de Mariano Rajoy (PP). La ministra Isabel Celaá destacó en la presentación de la LOMLOE que uno de las finalidades de la nueva normativa es que "no se pueda segregar a ningún niño por razones socioeconómicas u otras causas". Sobre la concertada, la reforma educativa suprime el concepto de "demanda social" que fijaba la LOMCE para abrir plazas en estos centros y establece que "preferentemente" se concertará a los centros que no separan por sexo a los estudiantes.

Pero el texto no acaba de despejar las dudas y "lagunas" que, según los sindicatos, afectan a cuestiones básicas para los profesores. Por ejemplo, no define los límites de la excepcionalidad para que un alumno pueda obtener el título de Bachillerato aunque haya suspendido una asignatura, una situación que hasta ahora no estaba recogida en la ley educativa. "Se va a dar una situación curiosa: será más exigente la FP que el Bachiller, ya que en los ciclos de formación profesional se exigirá tener aprobadas todas las asignaturas", apuntó Gumersindo Rodríguez, presidente en Asturias del sindicato ANPE, que señala también una de las "lagunas" que deja la nueva ley, relacionada con esta polémica medida. El texto recoge que "excepcionalmente" un alumno podrá obtener el título de Bachillerato aunque tenga una asignatura suspensa, pero no precisa el alcance de esas excepciones. "El Gobierno se quita esa pelota de en medio y lo que hace es trasladas la responsabilidad de esa decisión al tejado del profesorado", subraya Gumersindo Rodríguez. En su opinión, la finalidad de este medida probablemente sea "reducir las tasas de fracaso y abandono escolar". El dirigente de ANPE, no obstante, valoró positivamente la ampliación del Bachillerato a tres cursos porque en la actualidad "el contenido de ese currículo es demasiado amplio, lo que genera situaciones de ansiedad tanto en el alumnado como en el profesorado". Pero aquí surge otra de las dudas sobre la nueva ley: saber si la ampliación del Bachillerato supone automáticamente ampliar en un curso la escolarización del alumno o si se llevará a cabo una reorganización de los cursos anteriores. Gumersindo Rodríguez reiteraba ayer las críticas de su sindicato a "la falta de negociación" por parte del Ministerio. "Da casi risa oír como argumento que han tenido en cuenta 43.000 correos electrónicos", indicó el presidente regional de ANPE.

El sindicato de la educación pública SUATEA celebró ayer "la eliminación de los aspectos más lesivos de la LOMCE", entre los que citó "la segregación del alumnado, la eliminación de competencias a claustros y consejos escolares, la supresión de las reválidas o la calificación de la materia de religión". Pero también reprocharon la falta de valentía en cuestiones como "la eliminación de los conciertos, dejar la enseñanza religiosa fuera del currículo o la reversión efectiva de los recortes aplicados a la educación desde 2012".

"La demanda social", fuera

El colectivo Escuelas Católicas, que representa a cerca de 2.000 centros educativos, más de 1,2 millones de alumnos, y 103.000 trabajadores, ha mostrado su "preocupación" ante una ley que "nace sin consenso y limita los derechos de centros y familias". Esta asociación sostiene que la nueva normativa "limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias", sometiendo la libertad de elección a la "planificación" administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas.

Escuelas Católicas entiende que "es un grave error considerar la enseñanza concertada subsidiaria de la pública. Ambas redes deben seguir siendo consideradas como complementarias, de acuerdo con todas las leyes anteriores, y sin olvidar que la razón de ser de los conciertos no es otra que garantizar el derecho de elección de tipo de centro por parte de los padres".

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