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El Principado priorizará las prácticas en la sanidad pública de los estudiantes de la Universidad de Oviedo frente a los de las privadas

El consejero Borja Sánchez afirma que los convenios firmados con la Alfonso X y la Nebrija son un paso administrativo "necesario"

Jornadas de orientación universitaria en el Calatrava, donde se instalará la Alfonso X.

Jornadas de orientación universitaria en el Calatrava, donde se instalará la Alfonso X. / Luisma Murias / LNE

Oviedo

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha asegurado este miércoles que los alumnos de la Universidad de Oviedo tendrán prioridad sobre los estudiantes de los centros privados a la hora de realizar prácticas en el sistema sanitario regional público.

Ha explicado que los convenios con las universidades Nebrija y Alfonso X El Sabio son un paso administrativo “necesario” y que “hay que dar” en la tramitación para que puedan impartir las titulaciones con las que se quieren implantar en Asturias.

No obstante, ante las críticas de la diputada Covadonga Tomé, ha aclarado que en dichos convenios "siempre hay puesta una cláusula donde se le da prioridad a los estudiantes de la universidad pública".

"Toda vez que, en virtud de esos convenios, se atiendan las necesidades de la universidad pública, a partir de ahí es donde se contemplarán las de centros adscritos", ha afirmado.

Tomé había criticado este martes que el Gobierno de Asturias, a través del Servicio de Salud del Principado (SESPA), firmase ya la pasada primavera dos convenios con ambas universidades privadas para permitir que sus estudiantes realicen prácticas en el sistema sanitario público.

Según la diputada, la medida es “injusta” porque podría “saturar” los centros sanitarios públicos, provocando una “merma” en la educación del alumnado de la universidad asturiana.

Tanto la Alfonso X, en Oviedo, como la Nebrija, en Avilés, se implantarán en Asturias como centros adscritos. El Principado aprobó en octubre los decretos que suponen un primer paso a su instalación. Desde entonces disponen de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

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