Los funcionarios temen que las subdirecciones del Principado lleven a una administración con "más jefes que indios"

Sindicatos y colectivos de trabajadores de la función pública asturiana reavivan sospechas y recelos en la primera lectura del borrador de reglamento que trata de dar contenido a las nuevas subdirecciones generales del Principado. Las condiciones del documento, recién salido a información pública, amenazan a los ojos de los trabajadores con adelgazar la Administración por la base para que crezca por arriba y tenga "más jefes que indios", o "más timoneles que remeros". La pretensión del Gobierno de financiar las nuevas plazas sin elevar el gasto mediante la amortización de puestos con dotación presupuestaria pero vacantes lleva a los representantes de la plantilla a colegir que la idea puede ser suprimir empleos de base y configurar una estructura con cierta hipertrofia directiva que "no es el camino correcto".

La evaluación es de Sergio Fernández-Peña, presidente de CSIF en Asturias, que juega con la hipótesis de que los recortes se harán en plazas de base "que se puedan subcontratar" y concuerda con otras del gremio que también temen que las amortizaciones anunciadas concentren las supresiones en "ordenanzas" o puestos análogos, ejemplifica José Luis González, coordinador general de Usipa. "Lo que parece que está detrás es la pretensión de que la estructura crezca por arriba mientras decrece por el centro y por abajo", deduce también Javier Villa, del Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies… Y "hay sitios acuciantes donde contratar personal de atención directa", vuelve Fernández-Peña. "El ciudadano quiere un mejor servicio directo y no tanto jefe".

El debate sobre las subdirecciones remite inevitablemente a la discusión de fondo sobre el futuro de la Administración mientras la figura directiva que el Principado insertará como gran innovación en su organigrama reaviva las críticas sindicales que recibió desde todos los flancos cuando su llegada fue anunciada en la Ley de Empleo Público. Al conocer las condiciones que con más detalle establece el reglamento, también es generalizada la puesta en cuestión del precepto que ordena la evaluación del desempeño de los subdirectores y, fundamentalmente, el órgano al que se encomienda el diseño y la verificación del cumplimiento del plan anual de objetivos bajo pena de cese: el mismo que lo nombra por libre designación, "a dedo". No suena bien, y es casi hasta "ridículo", apunta Villa, que los nuevos cargos "se vendan como una vía de profesionalización de los puestos directivos y como profesionales imparciales, pero que a la vez puedan ser cesados mediante una evaluación que hará el mismo órgano político que los nombra".

"El consejero que designa marca los objetivos y hace la evaluación", resume González, a cuyos ojos tampoco eso casa demasiado bien con la independencia.

A la vista del régimen de evaluación y del pago por objetivos –de cuyo cumplimiento depende también el complemento de productividad–, "parece que estamos en una multinacional", abunda Marcos Rodríguez, responsable del sector de Administración Autonómica de CC OO, al que le cuesta percibir las analogías entre el funcionamiento de la Administración y el de la empresa privada. El examen preceptivo al subdirector lo hace además "el político, al que a lo mejor le gusta que estés ahí aunque no seas tan bueno", remata, y deja constancia de que no le agrada la ligazón entre el complemento y el rendimiento. "No creemos que estos incentivos funcionen en la Administración tanto como piensan", argumenta.

Al Conceyu le sorprende, por lo demás, la "celeridad" con la que el Principado ha activado la información pública del reglamento en el plazo más corto de los posibles y ve "llamativo" que durante el trámite de la norma el Gobierno no se haya dirigido individualmente, como en otros casos, a sindicatos o asociaciones "que en este tipo de regulaciones tendrían mucho que decir". CC OO tampoco ve con buenos ojos que no se haya sometido el texto a la negociación colectiva y sí valora, dentro del "posicionamiento bastante crítico" que ha mantenido frente a la nueva figura, que se haya atendido su demanda de que se exija una formación para el acceso a estos puestos. No piensa Marcos Rodríguez, en general "muy escéptico", que "el fondo paisajístico" de la función pública "vaya a cambiar mucho" de la mano de las subdirecciones.

En la amplia batería de objeciones que se plantea, CSIF lamenta también que no se haya limitado el número de subdirecciones, y que se permita una por cada cuatro jefaturas de servicio al cargo de una Dirección General. El método es perverso, sostienen, desde el momento en que la Administración "puede crear el número de direcciones generales que quiera…" Todo acaba confluyendo en la crítica que los trabajadores hicieron en su día a la figura del subdirector. Su institución responde, persevera Javier Villa, de un lado a un intento de raíz política por "compensar la reducción de los puestos de libre designación", restringidos por las sentencias que sancionaron el abuso del Principado, y de otro a una pretensión de contentar a una élite funcionarial que vio cómo se suprimía la exigencia de ser funcionario de carrera para ocupar una dirección general y se cortaba su trayectoria en la jefatura de servicio.

Suscríbete para seguir leyendo