Trabajamos gratis y, encima, nos riñen

Igual es una apreciación personal, no quiero generalizar, pero tengo la impresión de que la prepotencia y la chulería están ganando terreno y ser educados y amables supone, cada vez más, una muestra de debilidad. Sobre todo cuando quien nos abronca confunde el silencio prudente con que aceptamos nuestra inferioridad, cosa que sucede bastante a menudo.

La amabilidad está en crisis. Casi siempre que vamos al banco, al juzgado, el ayuntamiento y sitios por el estilo nos encontramos con alguien altanero y soberbio, que presume de su insolencia y nos dispensa un trato que no merecemos. No reivindico el halago, solo pido que no me consideren imbécil ni justifiquen sus malos modos como legítima defensa. Que no digan que están de trabajo hasta las cejas y culpen a mi impericia con las nuevas tecnologías del delito de que les haga perder el tiempo y tengan que resolver lo que debería haber resuelto yo si no fuera lo ignorante y torpe que soy.

Este comportamiento de intimidación y desprecio ha ido en aumento desde que la digitalización empezó a extenderse y abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Cada vez con más frecuencia nos obligan a que hagamos online lo que no habíamos hecho nunca: desde comprar entradas para el cine hasta presentar la declaración de la renta, pagar un recibo, una multa o cualquier trámite.

Por lo visto, a nadie le importa si tenemos dificultades para entender cómo funciona internet, ni si estamos conectados o disponemos de un smartphone o un ordenador y sabemos usarlo. La ley dice muy claro que cada ciudadano puede elegir entre realizar el trámite online o en persona, lo que prefiera, y no se le puede obligar a que lo haga por vía telemática. Solo recoge esa opción, como posibilidad, si el interesado dispone de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos que aseguren que tiene medios electrónicos y capacidad para usarlos. Además, la ley de Procedimiento Administrativo Común establece que los ciudadanos tienen derecho a ser asistidos en el uso de los medios electrónicos.

En teoría la ley nos protege, pero del dicho al hecho hay un trecho que algunos no quieren ver. Los avances tecnológicos deberían propiciar que nuestra vida fuera más cómoda y más sencilla. Y, en general, así es. No se discute que internet, para muchas cosas sea el paraíso; pero para otras y para algunos, termina siendo un infierno.

Hay gente que lo está pasando mal con los trámites a través de la red. Según el Instituto Nacional de Estadística, seis de cada diez usuarios se quejan de lo complicado que les resulta hacer gestiones online, pero es muy difícil argumentar este inconveniente porque vivimos en una burbuja idealista en la que imperan los conceptos más que la realidad. Una realidad que está ahí y lo que transmite, aunque quieran liarnos, no tiene nada que ver con la discusión sobre si la tecnología es buena o mala, sino con el sentido de cómo se está aplicando.

Infinidad de trámites que suponían un coste importante para las empresas, los bancos y las diferentes instancias del Estado ahora los hacemos nosotros. Estamos ahorrándoles mucho dinero porque, sin consultarnos, han acabado por endosarnos buena parte de la burocracia. Esa es la cuestión. Prometieron que nos harían la vida más fácil y resulta que estamos trabajando gratis para ellos y, encima, nos riñen.

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